Obtención en la Educación Concertada de Exremadura de las certificaciones negativas sobre antecedentes sexuales

El pasado 18 de agosto se aprobó la Ley de Protección Jurídica del Menor que afecta a todo el personal que trabaja, directamente o indirectamente, con niños que aún no han alcanzado la mayoría de edad dentro del ámbito de la enseñanza no universitaria.

Para los más de 2.500 trabajadores de la Enseñanza Concertada en Extremadura, la Secretaría General de Educación ha emitido la Instrucción 1/2016 de 14 de marzo donde se explica que se le requiere a los titulares de los centros educativos privados concertados, sostenidos con fondos públicos, una declaración responsable de que el personal que preste servicios en sus instalaciones cumple con el requisito exigido por el artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, es decir, que cuenta con una certificación negativa expedida por el Registro Central de Delincuentes Sexuales.


Esta medida afecta no solo a los docentes de los centros concertados, sino también al resto de trabajadores (personal de administración y servicios), así como a los colegios cuando contraten servicios con un tercero (comedor, transporte escolar, actividades extraescolares, etc.), donde se solicitará a la empresa encargada una declaración responsable de que todo el personal que desarrolle la actividad cumple con los requisitos señalados.

Hasta el 30 abril, los titulares de los centros concertados tendrán de plazo para recabar la información necesaria de sus trabajadores, debiendo trasladar las  correspondientes certificaciones a la Consejería de Educación durante los primeros días de mayo.

A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, serán los titulares y equipos directivos de los colegios los que deberán informaros sobre este asunto, así como de la forma que estimen oportuna para recabar los correspondientes certificados.

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