NUEVA WEB DE FEUSO EXTREMADURA

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NOVEDADES

lunes, 9 de marzo de 2009

Objeciones a la Ley de Educación de Extremadura

La U.S.O. asume como propia la intención expresada en la introducción del documento de propuestas para la Ley de Educación de Extremadura de compromiso en el impulso de una ley de educación que siga conquistando el futuro. En esta introducción se reconoce la necesidad de un gran pacto de todas las fuerzas políticas y sociales. Esto implica necesariamente contar explícitamente con los integrantes de la red de enseñanza concertada que representa el 23% del alumnado.
Opinamos que una ley de educación debe regular la educación pública, entendiendo pública como servicio al pueblo y no como titularidad de la administración. En este sentido advertimos como de máxima relevancia el objetivo fundamental 2 (pág. 45) que tiende a garantizar la consecución de niveles máximos de equidad educativa, asegurando la misma calidad para todo el alumnado. Estimamos que se refiere al 100 por 100 del alumnado, incluido el alumnado de centros concertados.
Desde este principio, nos parecen muy acertados el resto de objetivos, principalmente el de reducir el abandono escolar en la enseñanza no obligatoria, el de incrementar la tasa de titulados en E.S.O. quiere fomentar la formación de adultos y la didáctica de los valores.
Especial atención merece el objetivo 11 (pág. 47) que establece la importancia de apoyar a los centros escolares, de nuevo nos tememos que este texto se refiera exclusivamente a centros públicos. Esto implicaría el no reconocimiento del esfuerzo que los profesionales que prestan sus servicios en los centros concertados realizan a diario para ejercer su labor.
El capítulo 2.1 (pág. 51) del documento expresa que toda la sociedad debe participar en la educación. Estamos de acuerdo que una ley de educación debe regular no sólo el ámbito colegial, sino la consecución de una sociedad educativa. Las personas deben tener el derecho de formarse en el ejercicio de sus tareas diarias. Por tanto la ley tendría que ampliar su ámbito de acción a los medios de comunicación, incluyendo las obligaciones y responsabilidades personales de los ciudadanos en las tareas educativas del resto de la población. No obstante, el verdadero conocedor del hecho educativo es el profesorado. Como reconoce el documento es la piedra angular del proceso de enseñanza aprendizaje, en el que participa al 50% junto con el alumnado. Por tanto deben especificarse las relaciones necesarias con los sindicatos, como representantes de estos trabajadores de la enseñanza.
En cuanto a la evaluación, entendemos la misma como una condición "sinequanon" para garantizar la calidad de la educación.
En el punto 8 de las propuestas de este capítulo entendemos que a los medios de comunicación, tales como la plataforma Rayuela, deben tener acceso pleno los centros concertados.
En el capítulo 2.2, Equidad y calidad, se reconoce en el punto 3 (pág. 58) de las propuestas la necesidad de estimular y apoyar al profesorado para el ejercicio de su labor docente. Insistimos en que este profesorado debe ser todo el profesorado, incluido el de la enseñanza concertada por las mismas razones que se esgrimen en el caso de los compañeros que imparten clases en centros de la red de titularidad pública.
Asimismo en el punto siete se listan una serie de servicios que de nuevo, no garantizan a la red concertada, (comedores, transporte, aulas matinales, becas y ayudas, TIC, etc.) como se ha hecho evidente tras las últimas actuaciones de la Junta de Extremadura respecto al transporte de alumnos. Habitualmente no se garantiza la igualdad de oportunidades, a pesar de que estos alumnos contribuyen con sus impuestos sin recibir las prestaciones adecuadas. También observamos las carencias que la enseñanza concertada tiene para atender al alumnado inmigrante y con necesidades educativas.
Un capítulo que nos merece una atención muy especial es el de la atención individualizada del alumnado (pág. 60). Una de las propuestas es la adaptación del currículum y los recursos humanos y materiales a las características personales de cada alumno en el deseo de disminuir la ratio profesor-alumno para conseguir el éxito educativo. Debido a las altas ratios de las que "disfrutamos" en la enseñanza concertada resulta evidente la imposibilidad de conseguir este objetivo, ¿qué medidas se tomarán al respecto?
De todos es conocido que en los centros concertados se impulsan relaciones de convivencia con toda la comunidad educativa, obteniéndose excelentes resultados. Pero en casos puntuales ¿no sería necesaria la consideración de autoridad pública del profesorado que ejerce este servicio público? Es necesario, entroncando con la propuesta 7 (pag. 71) el reconocimiento del protagonismo de este profesorado, favoreciendo la actualización del mismo mediante su inclusión en los planes de formación y el cobro del complemento de formación.
Mención especial merece la intención de potenciar la incorporación de las T.I.C. (tecnologías de la información y la comunicación) al bagaje de competencias básicas del alumnado. A los centros concertados no llega ninguna inversión a este respecto.
En cuanto al apartado 3.1 dedicado a compartir del esfuerzo y la responsabilidad, estamos completamente de acuerdo en que el alumno participe como protagonista de su propia formación, pero no sólo como un derecho, sino como una obligación, que deberá ser evaluada, para lo que habrá que establecer los mecanismos oportunos y las sanciones establecidas en caso de incumplimiento de este deber. En cuanto al profesorado, nos tememos que como siempre en la concertada, nos quedemos en compartir esfuerzos y responsabilidades y no las ventajas, la inversión económica y el material informativo. En lo referente a las familias exigimos mayor comunicación con las asociaciones de padres de centros concertados, en igualdad de oportunidades con otras asociaciones. Nos parece útil la firma de convenios con instituciones, empresas y universidad que faciliten el trasvase de personas e información para educar a nuestros alumnos en el sentido que demanden estas instituciones y así formar ciudadanos útiles en la sociedad del siglo XXI, Las competencias básicas desarrolladas en la ley deberán cambiar según el debate social lo demande.
La evaluación por tanto se hace necesaria no sólo como control sino como realimentación de este proceso. Como reconoce la ley no existe una única concepción de la educación y por tanto, no existe una única concepción de la evaluación. Habrá que consensuar procesos evaluativos que describan con absoluta fidelidad y precisión el estado de las "educaciones" según sus propias circunstancias.
Toda la enseñanza extremeña deberá realizar planes de mejora que posibiliten una adquisición de certificados de calidad en aras de conseguir la excelencia educativa.
Alabamos el hincapié que hace la ley en asegurar una adecuada y equilibrada distribución del alumnado gestionando el proceso de admisión, rigiéndose por principios de transparencia con objetividad y la forma de vincular el derecho de los padres a la libre elección del centro con el derecho a una educación de calidad. Nos reservamos la opinión sobre el principio de economía y eficiencia de los recursos públicos hasta valorar los resultados de tal principio. Nos tememos que la equidad no alcance a la enseñanza concertada carente, de inversiones en servicios como comedores, aulas matinales, bibliotecas, transporte, tecnologías de la información y la comunicación, potenciación del bilingüismo, planes de refuerzo educativo y conciliación de la vida familiar.
EN RESUMEN:
1. El poder legislativo regional es el responsable de garantizar la calidad educativa para todos.

2. Como reconoce la L.O.E. la L.E.E.X. debe recoger las vías de homologación laboral y económica para todos los profesionales que ejercen su labor en centros sostenidos con fondos públicos.

Debe reconocer al profesorado de la concertada como autoridad pública en el ejercicio de su función y el reconocimiento de su derecho a realizar su labor con los medios materiales económicos y humanos adecuados, como ya se reconoce en la mayoría de las comunidades autónomas de España.
3. Queremos una educación de calidad que garantice la equidad y el principio de libertad a todos los extremeños.
La educación debe considerarse un servicio público aunque la titularidad de ésta sea privada. Todos los extremeños, en el ejercicio de su derecho a recibir una educación de calidad, deben tener acceso a los mismos servicios y ayudas en igualdad de condiciones.

4. La L.E.E.X. debe expresar las obligaciones sociales y ciudadanas respecto a la educación, especialmente las de los padres y alumnos.

No sobran en la ley palabras como: trabajo, esfuerzo, superación y estudio.

5. Es necesario conocer y valorar el plan de financiación, donde deben aparecer las partidas presupuestarias referidas a la enseñanza concertada.



¿Será la L.E.E.X. una ley para todos o sólo para la enseñanza de titularidad pública?

Desde la U.S.O. de Extremadura estamos decididos a trabajar para defender los derechos de todos los extremeños.


Federación de enseñanza de U.S.O.
Extremadura

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