Para la Federación de Enseñanza de USO, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, supone un nuevo golpe bajo, de mucha intensidad, contra el poder adquisitivo de todos los trabajadores. Bajo este título tan eufemístico se encierra una batería de medidas económicas muy antisociales que afectan gravemente a los trabajadores de la educación pública y de la concertada. En concreto, los Anexos IV y V de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, han sufrido un nuevo recorte del 4,5% en las partidas de salarios y de gastos variables, y del 1,5% en la partida de otros gastos, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Para FEUSO, la situación es muy grave en el conjunto de las Comunidades, y particularmente en aquellas que ya han recibido otros recortes este año en sus presupuestos autonómicos. También en aquellas donde los retrasos en los pagos de los gastos a los centros se acumulan mes tras mes. Estamos a la espera de recibir noticias de las Administraciones para saber cómo van a actuar y aplicar este último recorte. Muy probablemente, los PGE 2013 contengan nuevos tijeretazos.
Ante esta situación, FEUSO quiere advertir de las negativas consecuencias que estas medidas van a tener para los más de 90.000 trabajadores de este sector y para la calidad de la educación que se imparte en estos centros, que ven cómo los Presupuestos se ceban con ellos. En repetidas ocasiones, desde FEUSO hemos destacado cómo la homologación laboral con los funcionarios ha avanzado con cuentagotas en tiempos de bonanza económica y, sin embargo, en tiempos de crisis, la deshomologación ha sido acelerada y a cien por hora. Curiosamente, a los trabajadores de la enseñanza concertada se les trata como empleados públicos –que no lo son- cuando interesa a las Administraciones, siempre para recortar.
FEUSO considera que todas estas medidas, como la reducción de la partida de Otros Gastos en un 1,5%, suponen un flagrante atentado contra los centros concertados, a los que se les obliga, por un lado, a impartir de manera gratuita sus enseñanzas sin que paradójicamente, como reconoce la Constitución, se les den los medios económicos necesarios para cumplir con su labor. La Enseñanza Concertada goza de un reconocido prestigio en nuestro país gracias a la calidad de educación que se imparte en estos centros, en buena parte por la implicación de los trabajadores, a pesar de que sus condiciones laborales y económicas son manifiestamente peores que las de sus homólogos de la enseñanza pública. La actitud del Gobierno de recortar al precio que sea, sin haber negociado con los representantes de estos trabajadores, sin tener un plan, ni una estrategia, ni una hoja de ruta, demuestra la improvisación de un Gobierno que está transmitiendo la sensación de desconcierto .
Ante este panorama, que pone en peligro la calidad del servicio público de la educación que se presta en estos centros, FEUSO advierte de las peligrosas consecuencias laborales, profesionales, educativas y profesionales que se pueden derivar de unos recortes injustos e insolidarios.
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO
Madrid, 18 de julio de 2012
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