En Madrid, el 25 de febrero, se celebró el XI Comité Federal de FEUSO, órgano en el que están representados los secretarios generales y responsables autonómicos de la Federación de Enseñanza de USO. El Comité analizó la actualidad educativa, los Reales Decretos que desarrollan la LOMCE (especialmente, el de la Formación Profesional Básica) y entre otras cuestiones las negativas consecuencias que para los trabajadores tiene la modificación de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, polémica medida que supone un auténtico atentado a los frutos de la negociación colectiva y a las mejoras sociales que figuran en los convenios que afectan a los trabajadores de la enseñanza privada y concertada.
El XI Comité analizó, en primer lugar, las repercusiones que para los trabajadores y los centros va a tener la implantación de la LOMCE. FEUSO estará al tanto de todas las novedades y cambios que vayan apareciendo en los Reales Decretos para que no sean una vez más los trabajadores los grandes perjudicados de estas medidas. En este sentido, los responsables y secretarios autonómicos advirtieron sobre la situación que puede generarse en algunas Comunidades Autónomas sobre la asignatura de Religión, pues quede afectar a las condiciones laborales de este profesorado. También Antonio Amate, secretario general de FEUSO, detalló durante su intervención los cambios que introduce la nueva Formación Profesional Básica, uno de los aspectos más novedosos de la LOMCE, a la vez que expuso las numerosas incógnitas que esta etapa educativa puede generar en los centros y en los trabajadores.
También se comentaron las negociaciones en las diferentes Comunidades Autónomas sobre la aplicación de lo establecido en el VI Convenio de Concertada.
Sobre la modificación de las cotizaciones a la Seguridad Social, el XI Comité de FEUSO ha querido subrayar que resulta inadmisible esta nueva agresión a todas las mejoras sociales que los trabajadores de la enseñanza hemos conseguido desde hace más de 30 años a través de la negociación colectiva. Confiamos en que el Reglamento que está elaborando el Gobierno sobre la aplicación de esta medida contemple las reivindicaciones que le hemos hecho llegar todas las organizaciones educativas.
En un contexto económico tan negativo para los trabajadores, que han visto ya devaluada su capacidad adquisitiva en torno a un 20%, con esta nueva medida, improvisada e impuesta sin la más mínima negociación, el Gobierno acaba de crear una situación imposible de gestionar, además de provocar un nuevo y grave daño a los trabajadores, a muchas miles de familias, a las empresas y a la libertad de enseñanza que pretenden defender en la recién aprobada LOMCE.
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