Tras la publicación en el BOE de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad en la Educación (LOMCE), el pasado 9 de diciembre, el Ministerio de Educación ha emprendido a modo de maratón el desarrollo normativo que exige la nueva Ley, que atendiendo al calendario de implantación previsto, debería haber priorizado la aprobación del currículo de la Enseñanza Primaria y de la Formación Profesional Básica.
Un primer proyecto de ambos decretos normativos fue sometido a información pública coincidiendo con el periodo vacacional de la Navidad y ha sorprendido, una vez más, tanto su baja calidad técnica como su confuso diseño. Es inevitable que no se produzca un efecto de déjà vu con respecto a la situación creada tras la publicación del primer borrador de la actual LOMCE allá por septiembre de 2012. Asombra ahora igual que hace 18 meses que estos textos legales tan importantes no hayan venido precedidos de estudios reposados y esenciales sobre las opciones pedagógicas y organizativas disponibles, las razones de elección de algunas de ellas en concreto y los resultados esperables de su aplicación. Método valorativo éste que, en general, debería utilizar el legislador para establecer hasta las regulaciones más insignificantes, por lo que resulta inconcebible el importante descrédito que acumula ya el Ministerio desde que comenzó la tarea tan esencial de poner en pie una Ley de Educación nueva.
La Conferencia Sectorial del pasado 29 de enero escenificó nuevamente las filias y las fobias políticas de las Comunidades, pero también se pusieron de relieve algunas verdades del barquero que son casi siempre una exposición de realismo: los plazos disponibles son muy escasos, se practica la improvisación continuamente, no hay rigor jurídico en la técnica de la redacción ni tampoco criterios sólidos desde el punto de vista pedagógico o de la selección de contenidos, y existen notables incoherencias con respecto al texto de la Ley recién aprobado como, por ejemplo, la ausencia de unos objetivos mínimos para obtener una calificación positiva y la ausencia también de las competencias básicas que se deben adquirir en las distintas materias.
Finalmente se fraccionará en tres el real decreto de desarrollo de la Ley, con el fin de aprobar ahora solo el de Primaria -que es el que corre más prisa porque empieza ya el curso que viene- y se dejarán para más adelante los de ESO y Bachillerato, que no se pondrán en marcha hasta el curso 2015-2016. Todo lo que se refiere a la Formación Profesional básica requiere una evaluación más detenida, aunque hay que suavizar la transición con los actuales PCPI, aclarar qué va a pasar en los centros concertados, su financiación y completar el catálogo de títulos profesionales.
La educación es siempre un tema polémico dada su importancia social. Cualquier proceso de cambio es muy complejo dadas las diferentes perspectivas con las que se aborda cualquier tema desde la comunidad educativa y desde los partidos políticos, junto al tupido entramado de intereses que hay detrás de todos estos actores. Por si a alguien le queda alguna duda, nuestro sistema educativo no universitario es un inmenso y heterogéneo aparato formado por más de 8 millones de alumnos, más de 680.000 profesores y más de 27.000 centros. Por ello, creo que es urgente y necesario un liderazgo mucho más riguroso, más responsable y con más fundamento técnico, científico y pedagógico para emprender una reforma tan importante como la que implica la LOMCE y, sobre todo, para conducirla con solvencia suficiente hacia el éxito que justifica su apuesta política.
Antonio Amate. Secretario General de FEUSO
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