Fruto
del Acuerdo firmado el mes pasado entre USO, sindicato mayoritario de la
Enseñanza Concertada en Extremadura, otros sindicatos, organizaciones patronales
y la Consejería de Educación, para el mantenimiento de la calidad de la educación
y de los niveles retributivos, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura destinará 6,5 millones de euros para sustanciar dicho Acuerdo.
Este
Acuerdo permite asegurar la Paga de Antigüedad, que corría riesgo de perderse,
tanto para los docentes de la concertada como los de Plena Inclusión; se garantiza
que los procesos de selección del profesorado sigan siendo transparentes y
objetivos, se potencia el censo de recolocación y, afortunadamente, se
consolida el Complemento Transitorio de Compensación, desapareciendo el riesgo
de perderlo.
Las
negociaciones de dicho Acuerdo fueron extremadamente duras, no solo por la
actual coyuntura económica de nuestro país y por culpa de unos presupuestos
regionales que no satisfacían las necesidades reales de la enseñanza
concertada. También porque ciertas organizaciones rompieron en el último
momento la unidad y arriesgaron lo anteriormente logrado buscando su
rentabilidad al negarse a firmar este Acuerdo, lo que nos hubiera llevado a un
conflicto laboral de graves consecuencias, obligando a judicializar lo que
patronales, sindicatos y Administración Pública alcanzamos con este Acuerdo.
No
obstante, el Acuerdo firmado dista mucho de colmar las legítimas aspiraciones
de los trabajadores de la enseñanza concertada en Extremadura. Seguimos
esperando que se nos devuelva, como ya se hizo con los trabajadores del sector
público, la paga extra de 2012 que injustamente se nos quitó. Y seguimos apostando
por lograr la homologación laboral y salarial con el resto de los trabajadores
de la educación pública, como ya está ocurriendo en la mayoría de las Comunidades
Autónomas.
Apelamos
a la Consejería de Educación a reabrir las vías de negociación para alcanzar en
la enseñanza concertada un nivel retributivo justo, una financiación digna para
sus centros y que, en definitiva, los padres puedan elegir libremente el tipo
de educación que prefieran para sus hijos (pública, privada o concertada).
Confiemos que los próximos presupuestos autonómicos corrijan esta situación.
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